Tres doctrinas de seguridad para Colombia

Colombia llega a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con un país que convive con violencias superpuestas: disputas armadas por corredores estratégicos, economías ilegales territorializadas, extorsión sistemática, minería ilegal, narcotráfico, confinamiento de comunidades y mecanismos de gobernanza criminal. En muchas zonas, el problema no es únicamente la ausencia del Estado, sino la presencia de estructuras armadas capaces de cobrar, regular, castigar y decidir quién se mueve, quién comercia y quién manda.

El debate se produce, además, tras tres años de Paz Total, una política que mantuvo abiertas mesas de diálogo pero no logró cerrar la brecha entre los avances formales de negociación y la evolución real de la violencia en territorios estratégicos.

La dimensión política del problema también es evidente: la Misión de Observación Electoral ha identificado 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral coincidente, 81 de ellos en riesgo extremo. La seguridad no será solo un tema de campaña; será una condición material de la propia competencia electoral.

La situación que heredará el próximo Presidente

Los datos no describen una crisis coyuntural, sino una economía política de la violencia. El deterioro combina violencia letal, expansión organizativa de los grupos armados y consolidación de rentas ilegales. Además, el arranque de 2026 agravó la señal de alerta: solo en los tres primeros meses se registraron 30 masacres y 94 víctimas.

Esa violencia, además, tiene una geografía propia, pero no dibuja fronteras limpias. En algunos territorios predominan disputas abiertas por corredores, rentas ilícitas y control local —como ocurre en zonas del Cauca, el Pacífico nariñense, Arauca, Chocó, Bajo Cauca, Putumayo, Sierra Nevada o áreas rurales de Buenaventura—. En otros, una estructura armada ejerce un dominio más estable y regula la vida cotidiana, desde la movilidad hasta la extorsión y la justicia informal, como sucede en áreas del Guaviare, Vaupés, Amazonas, sur del Meta, Caquetá, Urabá, Bajo Atrato o Arauca. Y hay una tercera lógica, menos visible pero igual de corrosiva: territorios donde varios grupos coexisten mediante alianzas, pactos tácticos o repartos funcionales, reduciendo la confrontación abierta pero consolidando la coerción diaria.

Esta geografía obliga a leer la seguridad colombiana como un problema de control territorial diferenciado. Donde hay disputa, el reto es contener la confrontación. Donde hay dominio, desmontar órdenes ilegales consolidados. Donde hay coexistencia, romper arreglos criminales que estabilizan la gobernanza ilegal.

Sobre ese escenario, las tres candidaturas principales a la presidencia de Colombia proponen respuestas distintas y en algunos aspectos excluyentes: transformar las condiciones que producen violencia, restaurar la autoridad institucional o imponer el orden mediante una política de impacto. Tres doctrinas que parten de análisis distintos sobre el origen de la violencia, el papel del Estado y los límites de la fuerza legítima.

Tres candidatos, tres doctrinas

La primera doctrina, la de Iván Cepeda, parte de una tesis clara: la seguridad no se impone primero, se produce después. La seguridad sería, en este enfoque, un subproducto de las condiciones materiales de las comunidades. Su enfoque interpreta la violencia como resultado de la pobreza y la desigualdad, la exclusión territorial, la ausencia de servicios públicos, la dependencia de economías ilícitas o la captura del Estado por redes político-criminales. Para Cepeda, el centro no está en derrotar militarmente a los grupos armados, sino en transformar las condiciones que hacen posible su reproducción.

Su propuesta se organiza alrededor de la paz territorial, el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, el diálogo o sometimiento diferenciado según la naturaleza de cada actor armado, la sustitución de economías ilícitas y una presencia estatal más social que militar. También incorpora una lectura estructural de la corrupción, entendida como “macrocorrupción”: redes político-económicas vinculadas al crimen que capturan instituciones y erosionan la legitimidad democrática.

Frente al narcotráfico, Cepeda se distancia de la lógica tradicional de la guerra contra las drogas. Su énfasis está en la sustitución, las alternativas productivas, el ataque financiero a las estructuras criminales y la reducción de la dependencia territorial respecto a economías ilegales.

Su promesa central es que la seguridad puede construirse si el Estado logra reemplazar las funciones que hoy cumplen los actores armados: empleo, regulación, justicia informal, protección, coerción y control local.

El riesgo es el tiempo. Su modelo depende de capacidades estatales territoriales que Colombia ha tenido dificultades históricas para consolidar. La pregunta no es solo si la paz territorial es deseable, sino si puede producir seguridad en plazos políticamente viables.

Para Paloma Valencia, en cambio, la causalidad opera en sentido inverso: la seguridad no es consecuencia del desarrollo, sino su condición previa. Sin autoridad estatal, Fuerza Pública, justicia efectiva y control territorial, no hay inversión, libertad, empleo ni desarrollo posibles. Su propuesta se inscribe en una lógica de restauración institucional del orden.

La candidata del Centro Democrático plantea la negociación como vía principal de reducción de la violencia, sino la recuperación del monopolio estatal de la fuerza mediante capacidades coercitivas reforzadas: más Fuerza Pública, más tecnología, más inteligencia, más capacidad judicial, más cupos penitenciarios y mayor persecución patrimonial del crimen organizado.

Su Plan 30-30 contempla la incorporación de 30.000 militares y 30.000 policías, el aumento del gasto en defensa hasta el 4% del PIB y una modernización tecnológica basada en drones, vigilancia aérea y marítima, ciberinteligencia y herramientas de análisis territorial.

Frente a los grupos armados y estructuras criminales, su línea es clara: no nuevos procesos de paz, sino sometimiento con cárcel. La seguridad se reconstruye, en este enfoque, mediante presión operativa, judicialización, sanción efectiva y ruptura de los incentivos que han permitido a los grupos armados ganar tiempo, legitimidad o control territorial bajo esquemas de negociación.

En materia penal y carcelaria, propone ampliar cupos penitenciarios y carcelarios, bloquear comunicaciones desde prisiones, endurecer penas para reincidentes y combinar castigo, disciplina, trabajo obligatorio y resocialización. En paralelo, apuesta por la extinción de dominio exprés, la persecución de activos y la asfixia financiera del crimen organizado.

En economías ilícitas, su modelo combina sustitución, fumigación focalizada, control de precursores, incautación y persecución patrimonial. No busca solo capturar cabecillas, sino romper las cadenas económicas que permiten a las organizaciones criminales financiarse, reclutar, corromper y gobernar territorios.

Su promesa central es reconstruir autoridad estatal en zonas donde el Estado ha perdido capacidad de mando. Su riesgo principal está en la implementación: costes fiscales elevados, cuellos de botella judiciales, saturación carcelaria, límites operativos de la Fuerza Pública y tensiones entre eficacia, seguridad jurídica y derechos fundamentales.

La pregunta para Valencia es si la autoridad puede reconstruirse sin desbordar las capacidades reales del Estado.

En tercer lugar está Abelardo de la Espriella, para quien el problema no es la exclusión ni solo la debilidad institucional, sino la permisividad política y la falta de voluntad para ejercer la fuerza. Su diagnóstico es binario: Colombia estaría sumida en el caos por una combinación de capitulación frente al crimen, traición política y pérdida de autoridad. La respuesta, por tanto, no es gradual ni negociada, sino inmediata: imponer el orden mediante una ofensiva acelerada contra las estructuras armadas, la reclasificación del enemigo como narcoterrorista, el encarcelamiento masivo y la concentración del mando político sobre la respuesta de seguridad.

Su programa incluye un Plan de Choque de 90 días para recuperar el control del territorio, la designación de estructuras armadas como “narcoterroristas”, la captura de cabecillas de alto valor, la eliminación de beneficios judiciales y la ruptura con el paradigma negociador. La eliminación de la JEP ocupa un lugar simbólico central: no es solo una propuesta institucional, sino una señal de cambio completo en el régimen de seguridad.

Su modelo carcelario se inspira explícitamente en la lógica Bukele: construcción de "megacárceles" de máxima seguridad, aislamiento, trabajo obligatorio para autosostenimiento, eliminación de comunicaciones y justicia rápida sin beneficios.

En economías ilícitas, propone guerra frontal contra el narcotráfico, fumigación aérea de 330.000 hectáreas, una ofensiva contra minería ilegal y un “Plan Colombia II” con cooperación de Estados Unidos e Israel.

Su promesa central es producir resultados rápidos mediante castigo severo, derrota frontal del crimen organizado y recuperación coercitiva del territorio.

El riesgo es institucional. La búsqueda de resultados inmediatos puede derivar en atajos procesales, debilitamiento del debido proceso, concentración de poder y ampliación de facultades excepcionales difíciles de revertir. La pregunta no es solo si su modelo puede producir seguridad de corto plazo, sino qué costes constitucionales exige para hacerlo.

Así, las tres candidaturas proponen secuencias rivales: transformar para pacificar, restaurar autoridad para desarrollar o imponer orden para reconstruir. Esa es la fractura de fondo que estructura sus diferencias sobre negociación, Fuerza Pública, justicia transicional, cárceles, cultivos ilícitos, derechos humanos y cooperación internacional.

Hay una sola convergencia fuerte: los tres reconocen que las economías ilícitas sostienen la violencia. Pero incluso en la respuesta para acabar con ellas difieren radicalmente. Cepeda quiere reducir la dependencia territorial mediante sustitución e inteligencia financiera. Valencia busca asfixiar patrimonialmente al crimen mediante extinción de dominio, persecución de activos y control de precursores. De la Espriella apuesta por destrucción directa: fumigación, erradicación forzada y ofensiva militar.

Las fracturas más profundas están en cinco preguntas: ¿la violencia nace de la exclusión o de la pérdida de autoridad? ¿el actor armado es interlocutor político, criminal sometible o enemigo existencial? ¿la JEP es herramienta de paz u obstáculo? ¿los derechos humanos son límite estructural o variable subordinada a la eficacia? ¿el control territorial se recupera con Estado social, Fuerza Pública o choque punitivo?

La respuesta que Colombia dé en 2026 marcará algo más que una política de seguridad. Definirá el equilibrio entre paz, castigo, autoridad y democracia. Porque el problema colombiano ya no es únicamente que haya territorios sin Estado. Es que hay territorios donde el Estado compite con órdenes criminales que ofrecen empleo, justicia, coerción y reglas. Recuperarlos exige fuerza, sí. Pero también exige algo más difícil: construir un orden legítimo donde hoy manda el miedo.

El informe completo de ERIS Intel, Doctrinas de seguridad: radiografía comparada de las propuestas presidenciales sobre seguridad en Colombia 2026, está disponible aquí.

Nota: Este artículo se ha realizado con la colaboración de Marta Bujalance, estudiante del Grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y Elvira Fernández, estudiante del Máster en International Security Management en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Ambas han realizado sus prácticas curriculares en ERIS.