CENTROAMÉRICA

Seguridad a la fuerza: la doctrina de Abelardo de la Espriella

Seguridad a la fuerza: la doctrina de Abelardo de la Espriella

Radiografía de las propuestas sobre seguridad de los candidatos a la presidencia de Colombia

El programa de Abelardo de la Espriella introduce una tercera aproximación al problema de la seguridad en Colombia: una doctrina basada en la imposición del orden mediante la fuerza y en la eliminación acelerada de las estructuras criminales, como eje central de su proyecto de reconstrucción nacional, la denominada “Patria Milagro”.

A diferencia de Paloma Valencia e Iván Cepeda, De la Espriella no proviene de la política institucional. Tampoco el vehículo con el que concurre a las elecciones (Defensores de la Patria) responde al modelo de partido tradicional colombiano. Se trata de un movimiento de reciente creación, con un marcado carácter personalista y construido en torno a su figura.

Abelardo ha sido un abogado que en su trayectoria ha defendido a empresarios, figuras públicas y actores vinculados a procesos políticos, que se reivindica de forma reiterada como “el verdadero outsider”, subrayando su trayectoria empresarial y su independencia económica:

Yo soy el verdadero outsider! Porque no soy político ni he vivido de la teta del Estado. He sido independiente toda mi vida, he hecho empresa, he construido una familia maravillosa y me financio solo: no le debo nada a ningún grupo de poder. (Cuenta de Facebook del candidato) 

Su candidatura puede situarse dentro de una nueva generación de liderazgos que ha emergido en América Latina en los últimos años, caracterizada por una combinación de discurso antisistema, fuerte personalismo y propuestas de ruptura frente a la política tradicional. En este ecosistema —donde se inscriben figuras como Javier Milei en Argentina y, sobre todo, Nayib Bukele en El Salvador— De la Espriella comparte varios rasgos distintivos: la reivindicación de su condición de outsider, el rechazo a los intermediarios políticos y una apelación directa a la ciudadanía como fuente de legitimidad. 

La seguridad como doctrina de orden y autoridad 

El camino hacia la “Patria Milagro” —entendida como una Colombia libre de grupos armados, crimen organizado y economías ilegales— parte de una premisa clara: la paz no se negocia, se impone.

En sus propios términos, esto debe lograrse “a través de la superioridad de la fuerza legítima del Estado y el imperio de la ley” (Defensores de la Patria), consolidando un enfoque que rompe con la lógica de negociación de Cepeda y que, al mismo tiempo, lleva al extremo el planteamiento de Valencia, aunque reivindicando el período del gobierno liderado por Álvaro Uribe:

El presidente Uribe casi los acaba con decisión y determinación; eso fue lo único que funcionó en Colombia. (Defensores de la Patria)

A partir de este marco, De la Espriella articula su propuesta sobre un diagnóstico especialmente crítico del contexto actual. Según su planteamiento, la política de “Paz Total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro no constituye un intento fallido de pacificación, sino la ejecución de un enfoque erróneo en su base:

No es un intento fallido de pacificación, sino el cumplimiento de un acuerdo oscuro […] la materialización de compromisos adquiridos con jefes criminales para desmantelar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y frenar la extradición. (Defensores de la Patria)

En este contexto, el deterioro de la seguridad se refleja, según sus propias referencias, en varios indicadores. Por un lado, en la pérdida de control territorial en regiones como el Cauca o Nariño, donde la presencia de grupos armados se ha consolidado. Por otro lado, en la recomposición del mapa criminal tras la desmovilización de las FARC, con la proliferación de nuevas estructuras y la expansión sostenida de los grupos armados ilegales, cuyos integrantes se sitúan en torno a los 27.000, con un crecimiento aproximado del 23,5%.

A ello se suman las consecuencias humanitarias del conflicto, con más de 100.000 personas desplazadas y más de 120.000 confinadas en 2025, así como el aumento de la criminalidad en ámbitos como la extorsión —más de 12.000 casos— o el secuestro, con un peso significativo de los casos de carácter extorsivo.

En paralelo, la economía ilícita mantiene un peso estructural dentro del conflicto, con alrededor de 330.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial superior a las 2.600 toneladas de cocaína, consolidándose como uno de los principales motores de financiación de las estructuras criminales.

Este planteamiento se concreta con mayor claridad en sus propuestas territoriales, especialmente en el caso del Valle del Cauca (Defensores de la Patria). Más que un ejemplo aislado, revela una característica central de su modelo: la seguridad no se entiende únicamente como reducción de la violencia, sino como control integral del territorio, que implica su recuperación, consolidación y ocupación sostenida por parte del Estado.

En este sentido, introduce un elemento diferencial al elevar la seguridad del Valle del Cauca y del Pacífico a la categoría de seguridad nacional, lo que implica una priorización de recursos y capacidades. La atención se concentra en nodos estratégicos como Buenaventura, concebido como la principal puerta de Colombia al Pacífico y un punto crítico tanto para la seguridad como para la economía nacional.

Plan de Choque: 90 días para poner en orden Colombia

La urgencia de la situación (no tan clara en el caso de Valencia, por lo menos narrativamente, y mucho menos en el de Cepeda) se refleja en su respuesta: el plan de choque de 90 días orientado a recuperar el control total del territorio nacional.

Un plan de choque de 90 días que nos va a permitir dar con la captura o la baja de 10 cabecillas de alto valor. Vamos a retomar los territorios y, por supuesto, hay que empezar a atacar la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que es la coca: 330 mil hectáreas de coca. Hay que fumigar y hay que bombardear los campamentos narcoterroristas. (vídeo YouTube)

El plan combina una ofensiva militar y policial intensiva con objetivos concretos: neutralización de líderes criminales, erradicación masiva de cultivos ilícitos y ataque directo a las infraestructuras del narcotráfico.

Esta lógica de intervención rápida se intensifica aún más en su discurso público, donde plantea que los primeros efectos de su política de seguridad deberían percibirse en cuestión de horas, mediante decisiones ejecutivas inmediatas desde el primer día de gobierno.

Además, el programa incorpora medidas específicas contra otras economías ilícitas, como la minería ilegal, apostando por su sustitución por modelos regulados que permitan integrarla en la economía formal.

En el ámbito de la seguridad cotidiana, la extorsión se concibe no como un delito aislado, sino como una economía criminal estructural. De ahí la propuesta de crear unidades especializadas y un bloque de búsqueda orientado no solo a capturar a los responsables, sino a desmantelar las redes que la sostienen. 

Refuerzo de la Fuerza Pública y Plan Colombia II

Otro de los pilares fundamentales del programa es la centralidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concebidos como actores clave para recuperar el control territorial. La propuesta incluye su refuerzo presupuestario, la mejora de sus condiciones laborales y su modernización tecnológica.

En paralelo, el modelo se apoya en una reforma del sistema de justicia orientada a la rapidez y la severidad. Destaca la creación de siete megacárceles de máxima seguridad —inspiradas en el modelo salvadoreño—, donde los reclusos trabajarían para su sostenimiento y quedarían completamente aislados del exterior.

A ello se suma la implantación de mecanismos de justicia rápida destinados a reducir la impunidad y acelerar el ingreso de los delincuentes en el sistema penitenciario.

La estrategia se completa con una dimensión internacional clara. De la Espriella propone el lanzamiento de un Plan Colombia II basado en el fortalecimiento de las alianzas con Estados Unidos e Israel, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de la Fuerza Pública mediante tecnología, inteligencia y equipamiento militar avanzado.

Este planteamiento supone un retorno explícito a una lógica de cooperación internacional centrada en la lucha contra el narcotráfico, en contraste con el enfoque de Iván Cepeda, más crítico con la intervención estadounidense en la región. (Clip entrevista en Noticias Caracol)

Conclusión

En conjunto, la propuesta de Abelardo de la Espriella configura la versión más radical del paradigma coercitivo en el actual debate sobre seguridad en Colombia.

Frente al enfoque de negociación de Iván Cepeda y al énfasis en la restauración del orden institucional de Paloma Valencia, su planteamiento apuesta por una estrategia de intervención intensiva, basada en la rapidez, la concentración del poder ejecutivo y el uso directo de la fuerza.

Su coherencia interna es clara: la seguridad no es un resultado, sino una decisión política que debe imponerse de forma inmediata. La cuestión que plantea su propuesta no es tanto si la fuerza es necesaria —un punto en el que existe amplio consenso—, sino hasta qué punto una estrategia basada en la compresión de tiempos y en la intensificación de la coerción puede traducirse en una estabilidad sostenida.

Nota: Este artículo se ha realizado con la colaboración de Marta Bujalance, estudiante del Grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha realizado sus prácticas curriculares en ERIS.

Fuentes consultadas

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