CUERNO DE ÁFRICA

Somalia, una nación al borde de la reforma y la ruina

Somalia se aproxima a un punto de inflexión político sin precedentes desde la crisis constitucional de 2021–2022. La combinación de reformas institucionales no consensuadas, tensiones abiertas entre el gobierno federal y varios estados miembros y un deterioro del entorno de seguridad ha desestabilizado el calendario electoral previsto para 2026.

El resultado es un escenario de transición incompleta: el antiguo sistema político ha sido parcialmente desmantelado, pero el nuevo aún no ha logrado consolidarse. En este contexto, las elecciones previstas para mayo de 2026 han sido retrasadas de facto, en un entorno de creciente incertidumbre institucional.

El riesgo de fragmentación política aumenta, al tiempo que se amplía el margen de actuación para actores que operan fuera —o en los márgenes— del sistema institucional. Esto tiene implicaciones directas no solo para Somalia, sino para la estabilidad del Cuerno de África y la seguridad del corredor marítimo del Golfo de Adén.

Un sistema político tensionado

Somalia es una república federal parlamentaria de aproximadamente 20 millones de habitantes ubicada en el extremo del Cuerno de África, un enclave estratégico para el comercio marítimo mundial. En la práctica opera como un equilibrio inestable entre estructuras estatales débiles con grandes problemas de seguridad, dinámicas de clan y una fuerte dependencia del apoyo internacional.

**Mapa satelital del Cuerno de África y Somalia.** *Fuente: Google Maps*

Hasta hace unos años, Somalia celebraba elecciones mediante un sistema indirecto en el que los clanes desempeñaban un papel central: sus líderes seleccionaban delegados que elegían a los representantes parlamentarios, y estos, a su vez, al presidente. Este sistema funcionaba como un mecanismo imperfecto de equilibrio entre el centro y la periferia.

Este modelo, ya cuestionado anteriormente, empezó a transformarse en mayo de 2023, cuando el gobierno federal anunció su intención de transitar hacia un sistema de “una persona, un voto”. El proceso se ha materializado mediante varias enmiendas a la Constitución provisional de 2012, aprobadas a partir de marzo de 2024, que introducen el sufragio universal, amplían el mandato presidencial de cuatro a cinco años y refuerzan el poder del ejecutivo.

Elemento	Sistema previo	Reformas propuestas (2023-2026)
Tipo de voto	Sufragio indirecto (delegados y sistema de clanes)	Sufragio universal con registro (biométrico) de votantes
Elección presidencial	Por el parlamento, escogido por delegados	Inicialmente se propuso elección directa; se ha reculado a elección por el parlamento escogido por voto directo
Duración mandato	4 años, sin límite de mandatos claramente definido	5 años, con límite de 2 mandatos consecutivos
Equilibrio de poder	Federalismo débil y fragmentado, con fuerte autonomía de los estados y lógica de clanes	Delimitación competencial más clara entre estado federal y regionaes, con mecanismos de control del Senado

Cambios del sistema político-electoral somalí

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas

El elemento central que condiciona el proceso es que el nuevo modelo político no se considera lo suficientemente inclusivo por los distintos estados federales. En un sistema donde la legitimidad depende en gran medida del equilibrio entre clanes y territorios, es vital para su estabilidad.

Escalada federal: el punto de inflexión del Estado del Suroeste

El proceso de reforma ha sido altamente contestado. Varios estados federales, especialmente Puntlandia y Jubalandia, han rechazado las enmiendas constitucionales al considerarlas una vulneración de su autonomía. Como resultado, las elecciones se han pospuesto indefinidamente, a pesar de que el mandato del gobierno actual finaliza en mayo.

Está escalada no es un conflicto coyuntural sino la manifestación de tensiones estructurales no resueltas en el modelo federal somalí. La Constitución provisional de 2012 dejó ambiguo el reparto de competencias entre el gobierno federal y los estados miembros, y el proceso de reforma constitucional no ha logrado cerrar estas brechas. La introducción de cambios institucionales sin un mecanismo de validación ampliamente aceptado —como un referéndum nacional— ha agravado las disputas sobre la legitimidad del nuevo marco político.

Más allá del desacuerdo político, el aplazamiento electoral responde también a limitaciones estructurales del propio aparato estatal. La organización de elecciones directas a escala nacional exige capacidades administrativas —registro electoral actualizado, infraestructura logística y mecanismos de supervisión— que Somalia no ha logrado desarrollar plenamente. En este contexto, la falta de preparación técnica ha sido utilizada por distintos actores como argumento para justificar el retraso del proceso.

Además, la crisis institucional ha entrado en una nueva fase con implicaciones coercitivas. En marzo de 2026, el estado del Suroeste suspendió formalmente su cooperación con el gobierno federal, acusándolo de interferencia en su liderazgo. Días después, el ejército federal entró en Baidoa —capital regional— y el presidente del estado dimitió, marcando una escalada cualitativa del conflicto.

Este episodio rompe el equilibrio informal entre Mogadiscio y los estados federales e introduce el uso directo de la coerción estatal en disputas políticas internas. El riesgo ya no es solo de bloqueo institucional, sino de fragmentación efectiva del sistema federal.

En contextos de debilidad institucional, los periodos de transición suelen generar oportunidades para quienes operan fuera —o en los márgenes— del sistema formal.

Al-Shabaab aparece como el principal beneficiario indirecto. La fragmentación política reduce la coordinación entre actores federales y desvía recursos del esfuerzo de seguridad. En este contexto, el grupo no necesita conquistar grandes ciudades: le basta con consolidar su presencia en áreas rurales, reforzar redes económicas y mantener capacidad de ataque selectivo.

Los estados federales, por su parte, pueden avanzar hacia una autonomía de facto. Puntlandia y Jubalandia no buscan necesariamente la ruptura formal, pero sí pueden aprovechar el bloqueo institucional para reforzar estructuras propias de seguridad y gobierno, erosionando progresivamente la autoridad de Mogadiscio.

Somalilandia, el territorio que declaró su independencia unilateralmente en 1991, también refuerza su posición relativa, en uno de los mayores momentos de atención política, tras conseguir el reconocimiento de Israel, el primer país en hacerlo. Más allá de esto, que todavía no ha generado un efecto arrastre entre otros Estados, la clave es la percepción externa: cuanto mayor es la inestabilidad en Somalia, más viable resulta Somalilandia como actor diferenciado en la práctica y más aumenta su atractivo como socio económico y político.

A estos actores se suma un cuarto elemento: la posible recalibración del compromiso internacional. Si la crisis política se prolonga, los socios externos podrían reducir progresivamente su implicación, afectando directamente a la financiación estatal y a las operaciones de seguridad.

Actor	Posición	Objetivo	Acciones
Gobierno federal	Impulsor central de las reformas político-electorales	Transitar hacia sufragio universal, completar la reforma constitucional y reforzar la autoridad federal	Enmiendas constitucionales (2024) y nueva constitución (2026); marco electoral; elecciones locales en Mogadiscio; presión sobre estados federados; despliegue militar en Baidoa
Oposición nacional	Crítica con el proceso de reformas (no necesariamente con el objetivo final)	Evitar concentración de poder en el ejecutivo	Rechazo a reformas, presión política y alianzas tácticas con gobiernos regionales (Somali Future Council)
Puntlandia y Jubalandia	Oposición estructural (Puntlandia) y oposición creciente (Jubalandia)	Preservar su autonomía frente al gobierno federal	Suspensión de cooperación (Puntlandia, marzo 2024; Jubalandia, noviembre 2024); coordinación con oposición (Somali Future Council)
Estado del Suroeste	Posición cambiante: de cooperativa a hostil	Mantener autonomía frente a creciente intervención federal	Participación institucional (2023–2025); ruptura con Mogadiscio (2026); crisis en Baidoa con despliegue federal y dimisión del liderazgo regional
Galmudug y Hirshabelle	Alineamiento pragmático con el gobierno federal	Mantener apoyo político y financiero; evitar confrontación directa	Participación en el National Consultative Council; ausencia de ruptura institucional
Al-Shabaab	Actor insurgente adaptativo	Debilitar al Estado y expandir control territorial	Ataques complejos; ofensivas sobre bases y corredores estratégicos; presión sobre Mogadiscio; aprovechamiento de vacíos de gobernanza
Comunidad internacional	Apoyo condicionado	Estabilidad política y contención del terrorismo	Apoyo a AUSSOM; dificultades de financiación; tensiones sobre financiación ONU; presión diplomática por diálogo y consenso

Actores y posiciones en la crisis política que atraviesa Somalia desde 2024

Fuente: Elaboración propia

Dependencia estructural y fragilidad económica

Somalia sigue siendo altamente dependiente de flujos externos. Aproximadamente el 67% de sus ingresos públicos (889 millones de dólares) proviene de la ayuda oficial al desarrollo, transferencias de gobiernos o agencias gubernamentales y organismos internacionales. Además, aunque las remesas no forman parte del presupuesto estatal, son determinantes a nivel macroeconómico y el principal flujo de ingresos de muchas familias somalíes. Mientras que el PIB de Somalia en 2024 fue de unos 11.966 millones de dólares, la renta nacional disponible ascendió a 18.230 millones. Esta diferencia de más de 6.000 millones de dólares se explica en gran medida por las remesas y las transferencias externas.

Este modelo limita la autonomía estratégica del Estado: cualquier disrupción en los flujos financieros o en el apoyo internacional tiene efectos inmediatos sobre la estabilidad política.

Seguridad: una presión creciente sobre el Estado

El deterioro del entorno de seguridad no solo limita la viabilidad operativa de las elecciones, sino que redefine los incentivos políticos de los actores implicados como Al-Shabaab.

Al-Shabaab es un grupo terrorista sunní surgido en la década de los 2000 con el objetivo de derrocar al gobierno somalí y establecer un Estado fundamentalista islámico en el país. Utiliza herramientas de la llamada "guerra asimétrica" (tácticas de guerrilla, atentados suicidas y asesinatos selectivos) contra el gobierno federal y las fuerzas de la Unión Africana desplegadas en el país y controla alrededor del 30% del territorio somalí.

La ofensiva de este grupo en 2025 ha revertido avances territoriales previos realizados por el gobierno y ha situado al grupo en una posición desde la que puede aumentar la presión incluso sobre la capital. En este contexto, la celebración de elecciones directas deja de ser únicamente un reto institucional para convertirse en una decisión de alto riesgo estratégico.

Este avance se produce en un contexto especialmente delicado:

la misión de la Unión Africana (AUSSOM) dirigida a apoyar en la lucha contra Al-Shabaab enfrenta limitaciones de financiación estructural, con una necesidad de financiación de 196 millones de dólares que ni la ONU ni ningún país extranjero parece dispuesto a cubrir por completo;
el apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, muestra signos de volatilidad (el gobierno lo suspendió durante unos meses ante el asalto a un almacén del Programa Mundial de Alimentos imputado a miembros del gobierno somalí);
la coordinación entre actores federales se deteriora.

El resultado es una reducción de la capacidad efectiva del Estado para sostener operaciones de contrainsurgencia a medio plazo.

Implicaciones regionales: más allá de Somalia

La inestabilidad en Somalia no es un fenómeno aislado, sino un factor estructural de riesgo para uno de los corredores marítimos más críticos del sistema económico global y un escenario de creciente competencia entre actores externos.

El Golfo de Adén y el Mar Rojo conectan Europa, Asia y Oriente Medio a través del Canal de Suez. Se trata de una de las principales arterias del comercio mundial, especialmente para el transporte de energía y mercancías entre Asia y Europa. La seguridad de este corredor depende, en gran medida, de la estabilidad en las costas somalíes.

Es por ello que el espacio somalí se ha internacionalizado en los últimos tiempos.

Históricamente, la piratería en Somalia ha estado directamente vinculada al colapso estatal por la ausencia de control costero efectivo. Aunque esta fue contenida tras 2012 gracias a operaciones navales internacionales —como la misión europea Atalanta o la Combined Task Force 151—, estas redes no desaparecieron, sino que se adaptaron y diversificaron sus actividades y las zonas de ataque.

A la piratería se sumaron los ataques de los hutíes (Yemen) contra buques comerciales que generaron una importante disrupción en el tráfico marítimo por el Mar Rojo en 2023. En este contexto, Somalia vuelve a emerger como un eslabón débil en un momento de enorme tensión en otras de las rutas clave para el comercio internacional, especialmente de petróleo y fertilizantes: el estrecho de Ormuz, por la reciente escalada bélica en Oriente Medio.

¿Qué observar en los próximos meses?

La evolución de la crisis somalí dependerá menos del calendario electoral y más de la capacidad de los distintos actores para imponer —o negociar— un nuevo equilibrio de poder.

En particular, conviene seguir de cerca:

la evolución de la relación entre el gobierno federal y los estados miembros, especialmente Puntlandia y Jubalandia
la capacidad del ejecutivo para avanzar en el proceso electoral sin desencadenar una nueva crisis política
el comportamiento operativo de Al-Shabaab y su capacidad para explotar la fragmentación institucional
el nivel de compromiso internacional, tanto financiero como en materia de seguridad, que ha tenido que centrar su mirada en la situación en Oriente Medio
posibles señales de reactivación de redes de piratería en el Golfo de Adén

Más que una simple reprogramación electoral, Somalia se enfrenta a un momento de redefinición de su arquitectura política, en el que el equilibrio entre centro y periferia, seguridad y gobernanza, y legitimidad interna y apoyo internacional determinará si el país avanza hacia una consolidación institucional o hacia una nueva fase de fragmentación.

Nota: Este artículo es resultado del trabajo realizado por William Felix Persson, estudiante en prácticas del Máster en International Security Management de la Universidad Pontificia Comillas, que ha realizado sus prácticas curriculares en ERIS.

Fuentes consultadas