CENTROAMÉRICA

Seguridad sin negociación: la doctrina de Paloma Valencia

Seguridad sin negociación: la doctrina de Paloma Valencia

Radiografía de las propuestas sobre seguridad de los candidatos a la presidencia de Colombia

Tras analizar la propuesta de Iván Cepeda, el contraste con la candidatura del Centro Democrático es nítido. Donde el candidato del Pacto Histórico sitúa el diálogo en el centro de la política de seguridad y en la situación socioeconómica concreta que propicia la violencia, Paloma Valencia construye su propuesta sobre la premisa sobre una idea reiterada en su campaña: frente al fracaso de la “paz total”, Colombia necesita una “seguridad total” que recupere la autoridad y el orden y permita volver a vivir sin miedo. 

La seguridad como pilar del Estado

El punto de partida de todo su propuesta es inequívoco: la seguridad no es una política sectorial, sino el primer pilar de su proyecto de gobierno. 

En los diferentes documentos programáticos del proyecto de Paloma Valencia, esta idea aparece formulada de manera explícita:

El primer pilar de nuestra transformación es la seguridad. Queremos una Colombia donde la vida sea sagrada y el imperio de la ley llegue a cada rincón, desde las selvas del Chocó hasta las cumbres de los Andes. Una seguridad que no solo proteja, sino que devuelva a los ciudadanos la tranquilidad de caminar sus calles y habitar sus campos, permitiendo que la libertad florezca sin amenazas. (Documento ‘El Estado como plataforma de generación de valor y riqueza’, p.2)

La candidata del Centro Democrático insiste en que Colombia no puede seguir siendo un país donde “rinde el miedo”, donde este manda más que la institucionalidad, que para desplazar el miedo hace falta seguridad y que la seguridad se consigue recuperando el territorio capturado por los actores criminales desplazando a las economías ilegales y restableciendo la capacidad coercitiva del Estado mediante una presencia sostenida de la Fuerza Pública. 

Esa visión de seguridad se articula con una idea más amplia de Estado y de país. En su planteamiento, recuperar la seguridad es la base para que un país progrese. La condición sine qua non para que funcionen los mercados, para atraer inversión y para que los ciudadanos puedan vivir libremente. Desde esa lógica, la candidata combina una apuesta por una Fuerza Pública más robusta con la defensa de un Estado más pequeño en su estructura, pero más eficaz en su capacidad de respuesta, apoyado en tecnología, simplificación institucional y autoridad territorial.

Cambio de eje: no a la "paz total"

La propuesta de Paloma Valencia es explícitamente rupturista con la del gobierno saliente. Ha criticado fuertemente la política de Petro de “paz total”, a quien culpa del recrudecimiento de la violencia organizada de la que están siendo testigos varias regiones del país. 

Para Valencia, el orden, la paz y la seguridad no son materia de negociación política con estructuras criminales, sino estados que deben restablecerse mediante la autoridad del Estado y el sometimiento a la justicia.  El orden no se negocia, se impone. En esta lógica, las organizaciones armadas —sean guerrillas, bandas urbanas o redes de narcotráfico— no son interlocutores políticos legítimos, sino actores criminales. Negociar con ellas equivale, a su juicio, a premiar el delito. De ahí que su propuesta se articule en torno a una idea central: para estos grupos no hay negociación, sino cárcel —el “sometimiento con cárcel”—, bajo la premisa de que la paz no puede significar impunidad ni generar incentivos para la continuidad del crimen.

Reivindica el legado del expresidente Álvaro Uribe y de su concepción de “seguridad democrática”. 

Seguridad Democrática

La Seguridad Democrática fue una doctrina de Estado formulada por el gobierno de Álvaro Uribe, a comienzos de los años 2000, en un contexto de guerra interna y pérdida de control territorial por parte del Estado. Su objetivo era “reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática”, trazando al mismo tiempo una línea clara entre disenso político y conducta criminal. 

  1. Recuperar el monopolio de la fuerza en todo el territorio.
  2. Instaurar el orden mediante la capacidad coercitiva como eje central. “Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen hay garantías”.
  3. Implicar a la ciudadanía en la seguridad a través de su cooperación con la Fuerza Pública. 
  4. Seguridad como bien total que no sólo depende de la Fuerza Pública sino también de la justicia, de la acción gubernamental y de la legislación. 

La idea detrás de la política de seguridad democrática es que “la seguridad es condición para que existan derechos y libertades”. Se trata de una lógica casi hobbesiana dentro del marco democrático.

La alternativa que propone es el sometimiento a la justicia con cárcel y penas inamovibles, eliminando cualquier expectativa de beneficios políticos para los actores armados.

El narcotráfico ocupa un lugar central en el diagnóstico de Paloma Valencia. Aparece como el núcleo que articula buena parte de las economías ilegales y de la violencia organizada en Colombia. Su enfoque se estructura en torno a una idea clara: mientras el negocio sea rentable, la oferta criminal se reproduce. Por ello y con objeto de desmantelarlo, su propuesta no se limita a la erradicación de cultivos, sino que apunta a desmantelar el sistema económico que sostiene el crimen organizado (sus 4R de la seguridad). Su estrategia combina tres líneas principales:

  1. Erradicación de cultivos, reactivando la fumigación con glifosato y con la sustitución forzosa de cultivos ilícitos combinada con incentivos económicos.
  2. Asfixia financiera, con la extinción de dominio acelerada, persiguiendo la monetización de bienes ilícitos y las redes de lavado de capitales.
  3. Desarticulación operativa, con inteligencia estratégica, cooperación internacional y control de rutas y precursores. 
7. Sustitución de cultivos forzosa y generosa. 
a) En las zonas donde hay cultivos ilícitos industriales, reactivaremos la fumigación sin afectar la salud ni los ecosistemas. Se implementará una política antidrogas eficaz en incautación y control de precursores químicos.
b) Haremos que la legalidad sea más rentable que el crimen. El campesino deberá acabar los cultivos ilícitos y lo apoyaremos con cultivos lícitos; además, será socio de empresas que los transformen. (111 puntos del Plan de Gobierno, p. 3)

Fortalecimiento de la Fuerza Pública

Además del narcotráfico, la extorsión es otra de las grandes preocupaciones que señala Valencia, un problema de seguridad cotidiana que ha descrito como “el impuesto del crimen”, que paraliza a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. En redes, ha sido particularmente activa denunciando el impacto del “gota a gota” y su vínculo con estructuras criminales más amplias. Su propuesta de acabar con la extorsión y la impunidad de los extorsionadores implica una estrategia de presencia policial sostenida, inteligencia focalizada y acción directa de la Fuerza Pública, así como el bloqueo de comunicaciones desde las cárceles que, como ya comentamos en el artículo anterior, es desde donde mayoritariamente tienen origen estos delitos.

Para fortalecer a la Fuerza Pública, una de sus grandes apuestas para recuperar la seguridad, Valencia propone un aumento del presupuesto público en 20 billones a lo largo de la legislatura. Con ese incremento presupuestario pretende: aumentar el pie de fuerza, incorporar capacidades de ciberinteligencia y retomar esquemas de cooperación internacional similares al Plan Colombia. 

Modernización y robustecimiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas y de Policía.
· Aumentaremos el gasto en seguridad y defensa en cerca de $20 billones durante el cuatrienio, con el objetivo de alcanzar niveles de inversión en nuestras fuerzas y capacidades cercanos al 4 % del PIB.
· Enfocaremos las inversiones para asegurar que el sector defensa dé un salto tecnológico que optimice la presencia territorial, la movilidad de las tropas y la vigilancia aérea y marítima, mediante el uso de drones de última generación y la ciberinteligencia para la lucha frontal contra el crimen.
· Plan 30-30: incorporaremos 30 mil nuevos militares y 30 mil nuevos policías a nuestras fuerzas, logrando consolidar un pie de fuerza robusto y profesional de cerca de 530 mil hombres. (111 puntos del Plan de Gobierno, p. 2) 

Sin embargo, en sus discursos, la Fuerza Pública no sólo necesita más recursos y tecnología. También necesita respaldo institucional, “seguridad jurídica y moral”, y una recuperación de la legitimidad política de su papel en la lucha contra el crimen. La propia candidata ha insistido en que “la primera condición para derrotar a los violentos es una Fuerza Pública con la moral en alto”.

Justicia y sistema carcelario: castigo efectivo

La propuesta de seguridad de Paloma Valencia no se limita al uso de la fuerza, sino que incorpora una reforma del sistema de justicia y del modelo penitenciario como pieza clave para reducir la impunidad.

Su diagnóstico es que el sistema actual no cumple adecuadamente ninguna de sus dos funciones principales: ni castiga de forma efectiva ni rehabilita, lo que contribuye a perpetuar los ciclos de violencia y a reforzar la capacidad de las organizaciones criminales. En distintas intervenciones públicas, ha insistido en que, en muchas regiones del país, los grupos armados han terminado sustituyendo al Estado no solo en el control territorial, sino también en la administración de justicia.

Frente a ello, su propuesta se articula en torno a las siguientes líneas:

  1. Endurecimiento de penas para delitos graves, agilización de procesos judiciales y fortalecimiento de la capacidad investigativa.
  2. Creación de un modelo de cárceles que combine el respeto por los derechos humanos con la resocialización efectiva, incluso con el desarrollo de cárceles productivas. 
  3. Bloquear las comunicaciones desde los centros penitenciarios con el objetivo de impedir que delitos como la extorsión se sigan coordinando desde el interior de las cárceles. 

Conclusión

En conjunto, la propuesta de Paloma Valencia configura una doctrina de seguridad basada en autoridad, castigo y control territorial. Frente al enfoque de diálogo y transformación estructural que representa Iván Cepeda, Valencia plantea una salida distinta: menos negociación con actores armados, más sometimiento a la justicia; menos ambigüedad frente a las economías criminales, más asfixia financiera y coerción estatal; menos tolerancia a la impunidad, más cárcel y respaldo a la Fuerza Pública.

La coherencia de su propuesta está precisamente en esa premisa: la seguridad no es un resultado posterior del desarrollo o de la paz, sino la condición previa para que haya inversión, libertad, justicia y vida democrática. Y pone una pregunta incómodo sobre la mesa: hasta qué punto es posible construir una paz duradera sin restaurar antes el orden por parte del Estado.

En el próximo artículo analizaremos la propuesta del último de los tres candidatos principales: Abelardo de la Espriella.

Nota: Este artículo se ha realizado con la colaboración de Elvira Fernández, estudiante del Máster en International Security Management de la Universidad Pontificia Comillas, que ha realizado sus prácticas curriculares en ERIS.

Fuentes consultadas

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