CENTROAMÉRICA

Diálogo para la seguridad: la doctrina de Iván Cepeda

Diálogo para la seguridad: la doctrina de Iván Cepeda

Radiografía de las propuestas sobre seguridad de los candidatos a la presidencia de Colombia

En agosto de este año, Gustavo Petro abandonará la presidencia de Colombia. Para escoger a su sucesor, los colombianos están llamados a las urnas, en primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Las encuestas dan una clara ventaja al candidato de la coalición oficialista, Pacto Histórico, Iván Cepeda. En segundo lugar, dos candidatos opositores empatan: Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, principal fuerza de la oposición en las últimas legislativas, y Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la patria. 

Fuente: AtlasIntel, CNC, GAD3 y Guarumo/EcoAnalitica. Datos armonizados y elaboración propia

Estas elecciones tienen lugar en un momento crítico para la principal apuesta del Gobierno en materia de seguridad: la llamada “Paz Total”.

A diferencia de los procesos anteriores —que, aunque en ocasiones simultáneos, tendían a estar delimitados por tipo de actor e instrumento (como las negociaciones con guerrillas en los años ochenta y noventa, o la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003–2006, y más recientemente el proceso con las FARC en 2012–2016)—, la estrategia de Petro partía de un diagnóstico distinto: que el conflicto colombiano había evolucionado hacia una estructura más fragmentada e híbrida, en la que se difuminan las fronteras entre insurgencia, criminalidad organizada y economías ilícitas, y que, por tanto, no podía abordarse mediante procesos separados, sino como un sistema interconectado que exigía una respuesta simultánea y de mayor alcance.

Sin embargo, tres años después, el balance es, en el mejor de los casos, ambiguo. Distintos informes coinciden en señalar una brecha creciente entre los avances formales en las mesas de diálogo y la evolución de la violencia en los territorios. En varias regiones, los grupos armados no solo han mantenido su capacidad operativa, sino que han reforzado su control social y territorial, en gran medida apoyados en la persistencia —e incluso expansión— de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión. A ello se suma una dificultad estructural: la negociación simultánea con actores de naturaleza distinta —política y criminal— complica la definición de incentivos y debilita la coherencia estratégica del conjunto.

En paralelo, la capacidad del Estado para traducir los acuerdos en presencia efectiva, seguridad y provisión de bienes públicos sigue siendo limitada, lo que alimenta la desconfianza tanto de las comunidades como de los propios actores armados. El resultado es un escenario de avances desiguales, implementación frágil y reconfiguración constante del mapa de actores, más que una reducción sostenida de la violencia.

Además, el marco legal que sustenta esta política (Ley 2272 de 2022) expira en noviembre, lo que introduce un elemento adicional de incertidumbre sobre la continuidad —o redefinición— de la estrategia.

Por si esto no fuera suficiente, el actual ciclo político se ha visto atravesado por un repunte de la violencia: el asesinato del candidato Miguel Uribe, las amenazas sobre los candidatos de oposición y las alertas de organizaciones como la Misión de Observación Electoral reflejan un deterioro del clima de seguridad también en el ámbito político-electoral.

En este contexto, las elecciones presidenciales no sólo decidirán un relevo en el poder, sino también el futuro de la estrategia de seguridad del país. Los distintos candidatos plantean enfoques divergentes para abordar una misma cuestión de fondo: cómo reducir de forma efectiva la capacidad de los actores armados para ejercer violencia y controlar territorios.

Esta serie de artículos tiene como objetivo analizar y comparar las propuestas de los principales candidatos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. 

Empezamos por Iván Cepeda.

La paz en el centro de su proyecto político 

Como candidato oficialista, Cepeda enmarca su candidatura como una continuación del “cambio histórico” impulsado por Gustavo Petro, con el objetivo de:

(...) avanzar hacia una segunda etapa del cambio, capaz de profundizar las reformas, atacar las causas estructurales de los problemas nacionales y consolidar un nuevo horizonte democrático para Colombia. (Programa de Gobierno de Iván Cepeda, p. 9)

Aunque evita reivindicar explícitamente la etiqueta de “Paz Total”, el planteamiento de Iván Cepeda es claramente continuista en lo sustancial con la estrategia impulsada por Gustavo Petro. Mantiene la centralidad del diálogo y la negociación con actores armados, así como la idea de que la reducción de la violencia depende de transformaciones territoriales, sociales e institucionales más amplias. 

Al mismo tiempo, ha rechazado atribuir el deterioro de la seguridad en parte del país a esa política y se ha mantenido reacio a reconocer y criticar sus errores y falta de resultados. La política de paz en su caso no va a ser el diagnóstico de fondo, sino que reside en el intento de introducir correcciones operativas (“acentos diferentes”, en sus propios términos), al legado de Petro. Esto le permite mantener la continuidad del enfoque, al tiempo que toma cierta distancia de una etiqueta políticamente desgastada.

La centralidad de la paz en su proyecto político no es solo programática, sino también biográfica. A lo largo de su trayectoria, Cepeda ha estado directamente implicado en distintos procesos de diálogo y negociación: ha copresidido las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado, y ha participado como facilitador tanto en el proceso con las FARC-EP (2012–2016) como en el proceso de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo (2015–2018).

(...) creo en la paz como camino y en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencia. (Programa de Gobierno de Iván Cepeda, p. 12)

La reconciliación, la verdad y la justicia aparecen como principios rectores de su política de paz, en línea con el Acuerdo de Paz de 2016, cuya implementación integral defiende. Con ello, se inscribe en la continuidad del ciclo político abierto tras su firma, más allá de la propia agenda del gobierno de Petro.

Este punto de partida no es sólo normativo, sino que define la lógica de su propuesta en materia de seguridad. Si la paz es el eje, la negociación no es una herramienta excepcional, sino estructural de la política de seguridad, y ésta queda subordinada a una agenda más amplia de transformación social. 

A partir de esta lógica, Cepeda articula su aproximación a los distintos actores armados. Distingue entre aquellos con un componente político —como el ELN o las disidencias de las FARC—, con los que propone mantener procesos de diálogo, y aquellos que considera fundamentalmente organizaciones criminales, para los que plantea mecanismos de sometimiento o negociación condicionada.

Seguridad Humana: mismo paradigma con diferente acento

El enfoque de Cepeda en materia de seguridad representa una de las dos grandes aproximaciones que estructuran actualmente el debate en buena parte de América Latina. En concreto, aquella que prioriza el análisis de los factores estructurales que originan la violencia —desigualdad, exclusión o debilidad estatal— frente a estrategias centradas en el refuerzo de la capacidad coercitiva del Estado, cuyo uso ha criticado en diversas ocasiones.

Desde esta perspectiva, Cepeda entiende la inseguridad no como un problema exclusivamente de orden público, sino como la consecuencia de dinámicas sociales, económicas y territoriales más profundas. Esta lectura se articula en torno al concepto de “seguridad humana”, también presente en la agenda del actual Gobierno.

De esta forma, el lenguaje de su programa y de sus intervenciones públicas evita deliberadamente una lógica de confrontación directa y se orienta hacia una narrativa de transformación democrática, territorial y social. La seguridad deja de definirse principalmente en términos de neutralización de amenazas y pasa a entenderse como la creación de condiciones que reduzcan la violencia.

Más allá de su contenido concreto, este planteamiento responde a un patrón discursivo reconocible en parte de la izquierda latinoamericana: la construcción de marcos amplios alrededor de conceptos relativamente desprovistos de significado—como la “seguridad humana”— capaces de integrar bajo un mismo relato fenómenos de distinta naturaleza. En este sentido, “Seguridad Humana” funciona como un dispositivo de agregación que conecta seguridad, desigualdad, desarrollo territorial y participación. Este alto grado de abstracción permite articular coaliciones sociales más amplias y reforzar la legitimidad del proyecto político. Sin embargo, también implica una menor delimitación conceptual: categorías como violencia, criminalidad o conflicto tienden a subsumir en un mismo marco explicativo, lo que dificulta la diferenciación entre actores, dinámicas y respuestas operativas.

En lo concreto, el reclutamiento de menores —uno de los problemas más graves en Colombia— es tratado dentro de este marco como una consecuencia directa de la falta de oportunidades. El programa plantea que la política de seguridad debe servir para “cortar el reclutamiento” mediante la articulación con políticas sociales, el desarrollo territorial y la ampliación del acceso a la educación, especialmente en zonas rurales históricamente excluidas:

El camino […] es brindar a la juventud la posibilidad de la educación […] para contrarrestar el reclutamiento forzado y las redes del narcotráfico. (Programa de Gobierno de Iván Cepeda, p. 387)

De forma más amplia, Cepeda sostiene que la política de seguridad no necesita un aumento de los efectivos de la Fuerza Pública, ni un refuerzo de su capacidad coercitiva, sino mayor desarrollo territorial, protección de las comunidades, prevención de la violencia y fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el territorio colombiano y especialmente en las comunidades y las regiones más afectadas por la actividad de las insurgencias y los grupos criminales.

Se requiere que en los territorios el Estado llegue para quedarse. No llegue un día y se vaya al siguiente. No llegue solo con armas. Debe llegar con servicios, derechos, equidad y prosperidad para las comunidades. (Programa de Gobierno de Iván Cepeda, p. 346)

En esta línea, propone el desarrollo de sistemas de alerta temprana y monitoreo participativo, la incorporación de actores sociales en los consejos de seguridad, el refuerzo de la inteligencia preventiva y la mejora de las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad.

Algo similar ocurre con las economías ilícitas asociadas al crimen organizado —como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión—. Cepeda las enmarca como parte de un sistema más amplio de economías ilícitas interconectadas a nivel internacional que le lleva a cuestionar la eficacia de paradigmas racionales como la “guerra contra las drogas”. Desde esta perspectiva, propone revisar el enfoque prohibicionista, promover modelos de regulación internacional y reforzar las estrategias de transformación productiva en el ámbito rural.

Esta lectura se proyecta también en su planteamiento de política exterior, que se articula en torno a una idea de autonomía estratégica regional. Rechaza explícitamente cualquier forma de intervención externa —en particular, militar y de Estados Unidos— y defiende una América Latina concebida como zona de paz, basada en la cooperación y la integración.

Esta posición se traduce en dos líneas principales. Por un lado, apuesta por la normalización de relaciones con Venezuela, la reactivación del comercio fronterizo y la cooperación bilateral como herramientas para estabilizar una de las principales zonas de operación de economías ilícitas y grupos armados.

Por otro lado, plantea una revisión del enfoque tradicional de la política antidrogas impulsada desde Washington. Cepeda ha insistido en la necesidad de abandonar el paradigma prohibicionista y promover un nuevo consenso internacional que desplace el foco desde la producción hacia el consumo, lo que implica, de facto, un cuestionamiento de uno de los pilares históricos de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en uno de los momentos de máxima presión por parte de la Casa Blanca.

Conclusión

La propuesta de Iván Cepeda representa una evolución del modelo de seguridad impulsado por el gobierno de Gustavo Petro: mantiene la centralidad del diálogo y la paz, pero introduce ajustes para hacerlo más focalizado y operativo. 

Su propuesta es coherente. Todas sus políticas responden a una misma lógica: la seguridad no es un problema de orden público, sino el resultado de un entramado social, económico y político que debe ser transformado. Sin embargo, ese mismo enfoque plantea interrogantes sobre su capacidad para responder a dinámicas criminales cada vez más complejas y adaptativas que van siempre un paso por delante del aparato estatal y que tienen un fuerte control territorial.

En el próximo artículo analizaremos la propuesta de Paloma Valencia, que plantea un enfoque radicalmente distinto, centrado en el fortalecimiento del Estado, el uso de la fuerza y la recuperación del control territorial.

Nota: Este artículo se ha realizado con la colaboración de Marta Bujalance, estudiante de último curso del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha realizado sus prácticas curriculares en ERIS.

Fuentes consultadas

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