Del despertar de la "Gen Z" al golpe militar
En octubre de 2025, Madagascar, una isla del océano Índico aparentemente periférica, se convirtió en el epicentro de un quiebre político total. En solo tres semanas, el país pasó de protestas descentralizadas por cortes de agua y electricidad a la caída del presidente Andry Rajoelina y la instauración de un gobierno militar, supuestamente provisional, liderado por el coronel Michael Randrianirina.
Las manifestaciones fueron protagonizadas por jóvenes de la Generación Z malgache, articulados mediante plataformas como X, Telegram y Discord, e inspirados por protestas recientes en Nepal, Indonesia y Sri Lanka, cuyo efecto contagio ha llegado hasta Perú pasando por Marruecos. Aunque el contexto de estos países es distinto, comparten un patrón: movilización digital espontánea, demandas contra la corrupción y el deterioro de servicios públicos, y una coordinación sin líderes aparentemente visibles.
En el caso malgache, todo ocurrió muy rápido. Las movilizaciones iniciaron el 25 de septiembre y el 11 de octubre, la unidad militar de élite CAPSAT —hasta entonces leal al presidente— no sólo se negó a reprimir a los manifestantes sino que se unió a ellos, escoltando miles de manifestantes hasta la Plaza 13 de Mayo en la capital, Antananarivo. Desde entonces, con el presidente huido (las fuentes indican que abandonó el país), el parlamento ha votado para destituirlo por dejación de funciones, y los militares han asumido el poder, proclamando a Michael Randrianirina como presidente interino.
La ubicación estratégica de Madagascar
Madagascar no produce hidrocarburos ni alberga grandes terminales energéticas, pero su posición geográfica le da una importancia logística creciente. La costa oriental del país bordea el Canal de Mozambique, un corredor marítimo clave que conecta el Índico con las rutas hacia el Atlántico y el sur de Asia.
Desde el repunte de ataques en el mar Rojo, muchos buques de carga y petroleros han optado por desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando el tráfico frente a las costas malgaches. Este cambio ha elevado la densidad de tránsito marítimo en la zona, con un flujo sostenido de contenedores y cargueros rumbo a Sudáfrica o a los puertos del Índico occidental.
Aunque hasta ahora no se han reportado interrupciones del tráfico offshore, la inestabilidad política, la percepción de que la junta militar interina pretende perpetuarse en el poder puede generar un nuevo repunte de political unrest que afecte a los puertos del país. Estos se pueden convertir en cuellos de botella si se generalizan protestas, huelgas o cierres preventivos. Para empresas logísticas y navieras esto implica un riesgo creciente: se podrían bloquear o retrasar atraques, procesos de carga/descarga, o la cadena de suministro terrestre que conecta al puerto con el interior (Antananarivo, etc.).
En los días posteriores a un golpe militar, además, las aseguradoras internacionales suelen suspender temporalmente la emisión de nuevas pólizas hasta que haya claridad institucional. Además, un deterioro político prolongado podría llevar a los aseguradores marítimos a reclasificar las aguas malgaches como zona de riesgo temporal. Eso implicaría un incremento de las primas de seguro de casco y carga (war risk premium) para cualquier buque que atraque o transite por la zona.
La incertidumbre ante una posible transición
El nuevo liderazgo militar, encabezado por el coronel Michael Randrianirina, ha prometido elecciones “en un plazo de 18 a 24 meses”. Sin embargo, la suspensión del Senado, la disolución de la Corte Constitucional y la falta de reconocimiento internacional generan una transición sin garantías ni calendario verificable. Por el momento, la Unión Africana ha suspendido a Madagascar, y organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial podrían tomar la decisión de aplazar nuevos desembolsos hasta que se clarifique la situación institucional.
Esta situación deja a empresas e inversores en un terreno legal incierto. Contratos firmados con el gobierno anterior —en especial concesiones mineras, acuerdos de infraestructura o licencias regulatorias— pueden quedar en revisión o sin respaldo institucional. Las nuevas autoridades aún no han aclarado si mantendrán los compromisos previos ni bajo qué marco jurídico operarán.
La agencia S&P Global Ratings ha colocado al país en CreditWatch Negativo con calificación soberana ‘B-/B’, tras rebajar también su evaluación de Transferencia y Convertibilidad (T&C) de B a B-. Para inversores y aseguradoras, esto se traduce en tres riesgos inmediatos:
- Financiación soberana frágil, con posibles atrasos en pagos a contratistas o socios públicos.
- Mayor riesgo de convertibilidad y repatriación de dividendos, ante reservas en descenso y dependencia de donantes.
- Inseguridad jurídica y regulatoria, con potencial revisión de licencias o impuestos en sectores estratégicos.
ERIS: de la protesta al riesgo logístico-financiero
En ERIS, convertimos señales de origen social en inteligencia de impacto operativo y financiero.
Nuestro sistema monitorea:
- Plataformas digitales de organización juvenil, como TikTok, Telegram y Discord, para detectar señales tempranas de malestar antes de que se materialicen en bloqueos, huelgas o represión.
- Curvas de escalada digital-física, que permiten estimar la probabilidad de ruptura institucional.
- Activos y rutas logísticas vulnerables, en función del patrón territorial de las protestas o las decisiones del nuevo régimen.
- Consecuencias aseguradoras y regulatorias, modelando el encarecimiento de coberturas y la afectación a contratos.
Porque lo que diferencia una crisis de una interrupción gestionable no es el hecho, sino el tiempo de reacción. Cuanto antes se detecta el punto de inflexión, más margen hay para proteger activos, recalibrar exposición y evitar disrupciones costosas.
¿Quieres que te ayudemos a monitorear aquellas zonas críticas para tu cadena de suministro, tu portafolio o tus pólizas, antes de que el riesgo se materialice?En ERIS traducimos señales dispersas en inteligencia operativa y accionable.
¿Hablamos?
